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Boletín de noticias 30 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
EJÉRCITO NO PUEDE HACER REDADAS POR LIBRETA MILITAR, ADVIRTIÓ LA CORTE
Las batidas en calles o lugares públicos quedan abolidas por orden de la Corte Constitucional.
Estas redadas se realizan para detener a los jóvenes que no hayan cumplido con el requisito del servicio militar obligatorio.
En fallo de exequibilidad de la ley que reglamenta el reclutamiento, el alto tribunal advirtió que este tipo de redadas están prohibidas por la Constitución.
Las atribuciones que le fijan la Ley 48 a las Fuerzas Militares no pueden ser entendidas "en el sentido que otorga competencia a las autoridades militares para realizar batidas indiscriminadas con el fin de identificar a los remisos y luego conducirlos a los lugares de concentración, pues esa práctica implicaría incurrir en detenciones arbitrarias prohibidas por el artículo 28 constitucional", señala el fallo.
Según la Corte, las personas que no han definido su situación militar solamente pueden ser detenidas "por un tiempo corto determinado", mientras se define su situación, previo cumplimiento de todos los requisitos que fija la ley, incluida una citación a las instalaciones militares.
Estas personas tampoco pueden conducirse a cuarteles militares, ni permanecer detenidas por largos periodos de tiempo ni ser obligados a someterse a que se practiquen los exámenes para su ingreso a las Fuerzas Militares.
FISCAL REVISA NUEVO TESTIMONIO EN EL CASO DEL PALACIO DE JUSTICIA
La defensa del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega dice que este testimonio no afecta su caso pues el militar retirado no es mencionado.
Remiten a delegado ante la Corte declaración de ex magistrado Valencia sobre torturas a su chofer.
La Fiscalía General está a punto de abrir un nuevo capítulo en la investigación por los desaparecidos tras la toma del M-19 al Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Después de tres meses de indagaciones internas, acaba de decidir que un fiscal delegado ante la Corte Suprema evalúe el testimonio del ex consejero de Estado Jorge Valencia Arango sobre las torturas que soportó su conductor después de ser llevado al Cantón Norte por militares.
Tal como lo reveló ELTIEMPO.COM en agosto pasado, Valencia Arango -quien sobrevivió a la toma y se abstuvo de hablar del tema por 26 años- confirmó que tuvo que llamar a varios generales para que su conductor, Jaime Arenas, fuera liberado.
"Nos dijo que estaba allá, desnudo, que lo estaban torturando y estaba desesperado porque oía gritos y lamentos al lado. Lo tenían en un cobertizo donde guardan caballos".
El ex magistrado, de 85 años, asegura que se enteró de que el muchacho estaba en el Cantón Norte porque este le regaló a un soldado un anillo para que diera aviso.
"Era un anillito modesto que le trajimos de Nueva York", le dijo el ex magistrado a reporteros de este diario a través de su teléfono.
Tras la publicación y la solicitud del abogado Daniel Prado -defensor de víctimas del Palacio de Justicia-, el caso fue enviado a la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía, que concluyó que nunca había sido investigado.
Por unidad de materia, se envió a Derechos Humanos, despacho encargado del proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
¿Generales involucrados?
Sin embargo, el ente acusador decidió que, por ser el testimonio de un ex magistrado, sea un fiscal delegado ante la Corte quien lo revise.
"Abrir la indagación sobre este testimonio no es algo optativo. La tortura es un delito de lesa humanidad que no prescribe y que le interesa al país conocer", explicó el abogado Prado.
Y aunque la declaración de Valencia Arango alcanzó a ser grabada (en el 2007) por miembros de la llamada Comisión de la Verdad de los hechos del Palacio de Justicia, ninguna autoridad le ha preguntado con qué generales habló para que el conductor saliera del Cantón Norte.
Tampoco se conoce el paradero del conductor, quien antes de quedar libre fue advertido de que no hablara sobre lo que vio y escuchó.
'No afecta caso Plazas'
Al respecto, Jaime Granados, abogado del coronel (r.) Alfonso Plazas Vega -el único condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia-, dijo que el testimonio del ex magistrado podría tener algún impacto en el esclarecimiento de los supuestos hechos de tortura tras la retoma. "Pero no afectaría el proceso contra mi cliente porque no se refiere ni a él ni a su conducta durante la operación", explicó el abogado.
También insistió en que el tiempo procesal para ingresar nueva evidencia en el caso Plazas se venció y ahora tan solo están pendientes de la apelación de la condena -a 30 años- presentada ante el Tribuinal Superior de Bogotá.
"Llevamos año y medio esperando la decisión del magistrado Hermens Lara, un caso sin precedentes en la historia jurídica del país. El coronel Plazas Vega ya completa cuatro años y medio en detención preventiva sin que se le defina su situación jurídica", manifestó el abogado Granados.
NUEVO CÓDIGO DE TRÁNSITO PLANTEA LICENCIA DE CONDUCCIÓN CON PUNTOS
El 90 por ciento de los accidentes de tránsito en Colombia ocurren por fallas humanas que pueden evitarse.
Endurece normas para tener licencia de conducción y propone cárcel para los conductores borrachos.
El Gobierno emprendió el martes una ambiciosa reforma del Código Nacional de Tránsito, que tiene como eje establecer la licencia de conducción por puntos, la profesionalización de los conductores de servicio público y particular y la imposición de velocidades mínimas en vías y carreteras.
La meta es darle un vuelco al manejo administrativo de la seguridad vial y generar responsabilidad en conductores y autoridades para reducir a la mitad -de aquí al 2016- las muertes por accidentes de tránsito en el país. En el 2010 murieron 5.502 personas.
El proyecto, de 60 artículos, fue radicado el martes en la Cámara de Representantes y será complementado por otra iniciativa que cursa en el Congreso para imponerles cárcel a los conductores sorprendidos en estado de embriaguez.
Licencias, en cintura
Uno de los puntos radicales del nuevo Código Nacional de Tránsito sería la adopción de la licencia de conducción por puntos. "Ya no sería un derecho, sino un privilegio", dijo el viceministro de Transporte, Felipe Targa.
La licencia se expediría con 12 puntos, que el conductor perdería si incurre en diez infracciones peligrosas, entre las que se encuentran conducir en estado de embriaguez (pierde 10 puntos), no respetar semáforos en rojo (6 puntos), hacer caso omiso de la señal de pare, transitar en contravía, conducir sin luces en horas nocturnas, no usar casco o cinturón de seguridad e, incluso, chatear por teléfono mientras se conduce (3 puntos).
A los conductores que manejen con mínimos grados de alcohol (20 y 39 miligramos) se les suspenderá el pase por lapsos que irían de seis meses a tres años.
"Para que un infractor pueda volver a tener su licencia tendría que volver a entrar a capacitación", dijo Targa.
Otro cambio importante es que ya no se podrán obtener las licencias de conducir con los centros de enseñanza automovilística (CEA) -que solo se dedicarían a capacitar conductores- o, como es usual, con tramitadores, pues el Ministerio de Transporte retoma esa facultad para aplicar exámenes teóricos y prácticos a quien aspire a obtener su pase.
"La idea es que se apliquen los más altos estándares internacionales de rigurosidad", dijo Targa.
A partir de la reforma, tampoco se les otorgaría licencia de conducción a menores de 18 años para vehículos particulares, ni a menores de 21 para vehículos de servicio público. Además, las licencias tendrán que ser refrendadas cada dos y tres años.
Todos los conductores del país estarían obligados a adoptar elementos mínimos de seguridad en sus vehículos -a partir del 2014-, como bolsas de aire o cinturones especiales, según el tipo y el uso del vehículo, y respetar nuevos límites de velocidad: 60 km/h en vías urbanas, 80 km/h en áreas interurbanas, 50 km/h para vehículos de servicio público y 30 km/h en áreas residenciales o escolares, a excepción de zonas en las cuales la señalización disponga de otras velocidades o reglas.
Habrá más vigilancia
La reforma incluye un régimen de sanciones para infracciones en las que pueden incurrir los orga- nismos de tránsito y las entidades de apoyo, como los centros de reconoci- miento de conductores (CRCS), los centros de diagnóstico automotor (CDA) y las escuelas de conducción, entre otros. Si se hallan faltas, podrían pagar multas entre 50 y 300 salarios mínimos legales vigentes mensuales.
Además, asumirían un grado de responsabilidad si, dentro de la investiga- ción de un accidente, se comprueba que emitieron licencias o certificaciones a personas o vehículos no aptos. Para que esto funcio- ne, se propone crear un sistema nacional de trán- sito, con jerarquías y com- petencias entre las autori- dades de tránsito.
El Ministerio de Transporte sería la máxima autoridad y ejercería control sobre las secretarías respectivas. También les delegaría funciones. La reforma también obligaría a que lo recaudado por multas se destine a programas y proyectos para disminuir, a nivel local, problemáticas como la muerte por accidentes de tránsito.
Seguridad vial, la prioridad
1. Las víctimas
En los accidentes de tránsito mueren las personas más vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas ponen el 76 por ciento de los muertos. Esta también es la primera causa de muerte entre niños de 5 a 14 años.
2. El costo
En el 2010, el costo económico de los accidentes de tránsito fue de 6,4 billones de pesos (1,5 por ciento del Producto Interno Bruto), por incapacidades y años perdidos de producción, por muertos
y lesionados.
3. El control
Se creará el centro inteligente de control de transporte, operado con dispositivos electrónicos en vehículos y carreteras. Se trabajará con Colciencias en el diseño y se espera tener el plan piloto con transporte de carga a finales del 2012.
4. Plata hay
El Ministerio de Transporte propone destinar unos 333.000 millones de pesos, que hoy se recaudan por multas, a programas de seguridad vial, que apunten a reducir las muertes por accidentes de tránsito en el país.
5. Diseño de vías
Se expedirán 13 manuales para garantizar que las vías actuales y las nuevas cumplan requisitos de señalización, iluminación, barreras, demarcación y elementos reflectivos, que separen los distintos modos de transporte y garanticen la seguridad.
6. Carros seguros
Para generar responsabilidad social en importadores y ensambladores de vehículos, desde el 2014 se exigirán medidas de seguridad en los vehículos que rueden por vías y carreteras, como bolsas de aire y apoyacabezas en todas las sillas.
'El pase ya no será un derecho, será un privilegio'
El viceministro de Transporte, Felipe Targa, le dio a EL TIEMPO detalles del proyecto de ley de reforma del Código Nacional de Tránsito, radicado ayer a las 11 de la mañana en la secretaría de la Cámara de Representantes.
¿Qué es lo más novedoso de esta reforma del Código Nacional de Tránsito?
Es un cambio drástico, sobre todo en lo que se refiere a la adjudicación de licencias de conducción. Estas no serán un derecho, sino un privilegio. Habrá mas liderazgo del Ministerio de Transporte.
¿En manos de quién quedará la responsabilidad de la seguridad vial en el país?
Se le devolverán al Estado funciones como las de evaluar y certificar a las personas aptas para manejar cualquier clase de vehículo. Ese es un avance impresionante. Las escuelas de conducción solo tendrán una labor de capacitación.
¿Qué les espera a los conductores que manejen en estado de embriaguez, de aprobarse esta reforma?
No solo los borrachos, sino quienes conduzcan con un mínimo grado de alcohol perderán su licencia. Una sola cerveza puede hacer que se le suspenda el pase por tres o seis meses y, si el grado de alcoholemia es mayor, hasta por diez años.
¿De qué depende que este proyecto sea una realidad?
De que haya un debate sano en el Congreso en el 2012 y de que haya voluntad política. También buscamos que otros proyectos relacionados con el tema de la seguridad vial se adhieran a esta gran propuesta. El primer debate sería en marzo.
REFORMA JUDICIAL INICIA UNA CARRERA CONTRARRELOJ
Fuero militar y juzgamiento de congresistas, dos de los puntos más polémicos.
Contra el reloj y con algunas modificaciones del texto aprobado en el Senado, la Comisión Primera de la Cámara comenzará este miércoles el debate del proyecto de reforma de la justicia.
Por tratarse de una enmienda constitucional, esta iniciativa debe superar esta semana su tercero de ocho debates.
Si lo consigue, el proyecto ingresaría a la plenaria de la Cámara hacia el 13 de diciembre, la última semana de la legislatura. De lo contrario, se hundirá.
A pesar de la premura, hay varios temas que desatan polémica entre los congresistas. Uno es el juzgamiento especial para los militares.
Guillermo Rivera, del Partido Liberal, dijo que "es un retroceso consagrar que toda conducta delictiva de miembros de la Fuerza Pública se presuma como acto de servicio".
Dentro de las modificaciones del texto que se aprobó en el Senado está el juzgamiento de congresistas.
Según la ponencia, será la Fiscalía la encargada de la etapa de investigación, el Tribunal Superior de Bogotá juzgará en primera instancia y la Corte Suprema de Justicia, en segunda.
Los magistrados de la Corte Constitucional actuarán como jueces de control de garantías.
Otro de los cambios sustanciales es la propuesta de revivir la Comisión de Acusación de la Cámara. Según la ponencia, la Cámara nombrará una "comisión especial de instrucción", ajena al Congreso, que se encargaría de la etapa de investigación.
La Comisión I fue citada a las 10 de la mañana para seguir el debate y votar.
PIDEN MÁS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AFRODESCENDIENTES
Se realizó el martes el 'Tercer diálogo afrocolombianos, derechos y desarrollo humano', en Bogotá.
En el panel, liderado por la Embajada de Francia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la Alianza Francesa, la Fundación Acua y EL TIEMPO, expertos examinaron las problemáticas de la población afrodescendiente, negra, raizal y palenquera.
Para Alfonso Palacios Torres, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, la discriminación racial obedece a la falta de políticas públicas y a la carencia de recursos para su adecuado desarrollo.
Sin embargo, esta tesis fue refutada por Gustavo de Roux, del Pnud, quien explicó que se han trabajado "numerosas" leyes, normas, decretos y documentos Conpes, hecho que evidencia que "sí se han abordado" políticas públicas sobre este tema.
Por su parte, Fernando Urrea, profesor de la Universidad del Valle, pidió que se ejecuten políticas agrarias, urbanas y de desarrollo humano rural para las negritudes del país. Ello, con el objetivo de "nivelar" las condiciones de vida de los habitantes del Pacífico a los promedios nacionales. El presidente Santos sancionará hoy la ley antidiscriminación, que da cárcel entre 1 y 3 años a quienes discriminen a los 'afros'.
Según el Dane, el 10 por ciento de la población en Colombia se reconoce como afrodescendiente.
ESTE MIÉRCOLES EL PRESIDENTE SANTOS SANCIONA LEY ANTIDISCRIMINACIÓN
La norma estipula penas de cárcel entre uno y tres años por actos de discriminación.
El autor de la norma, senador Carlos Baena (Mira), explicó que el congreso acogió las objeciones del Jefe de Estado, por lo cual se eliminaron del articulado de la norma los actos de discriminación relacionados con temas política, de religión y de ideología.
"Con la norma se sanciona penalmente todo acto de discriminación por razón de raza, etnia, nacionalidad, sexo y orientación sexual" precisó Baena, quien explicó que "se estipularon penas de 1 a 3 años y multas de 5 a 8 millones de pesos por estos actos".
La sanción de la ley se realizará a las 6 de la tarde en un acto que se realizará en la Casa de Nariño.
"Esto nos va a ayudar a combatir la pobreza de poblaciones a las que se discriminan, por ejemplo los afro que muchas veces no pueden conseguir trabajo por su condición racial. Es la primera ley contra la discriminación que se sanciona en Colombia", puntualizó Carlos Baena.
RADICARÁN PONENCIA ALTERNA DE REFORMA DE LA JUSTICIA
Alfonso Prada anunció radicación del texto en secretaría de la Comisión Primera de Cámara.
El representante del Partido Verde, Alfonso Prada, dijo ante el pleno de la Comisión Primera que no se siente "representado" en la ponencia que se radicó durante la mañana del martes, la cual calificó como "la de las mayorías".
"He tomado la determinación de radicar hoy una ponencia que tiene el sentido de ser también positiva, para intentar avanzar en un debate de justicia en Colombia, pero el enfoque es radicalmente diferente al de la ponencia de las mayorías", afirmó el representante a la Cámara.
De acuerdo con Prada, la idea es "escuchar hoy las posiciones, especialmente de los magistrados del Consejo Superior y del Ministro de Defensa en relación con el fuero militar, que es otro tema supremamente polémico por razones conceptuales".
El legislador anunció que, después de ello, elaborará un texto que aspira a que sea discutido "en igualdad de condiciones" en la sesión del miércoles en la Comisión Primera de la Cámara.
Piden al Consejo de Estado que no se aparte de reforma
"Quiero invitar al Consejo de Estado para que no se separe de esta discusión", dijo la congresista liberal Adriana Franco, quien reiteró las garantías para el trámite de la iniciativa.
Franco también lamentó que "no haya el tiempo necesario para debatir suficientemente el proyecto", por lo que llamó a que haya una "conciliación" para evitar que la iniciativa naufrague.
En una sesión este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara escuchará a las altas cortes, y entre el miércoles y el jueves debatirá y votará el proyecto.
Revivirían Comisión de Acusación en ponencia de reforma de la justicia
Esta semana será crucial para la enmienda constitucional que reforma la justicia, pues, contra el reloj, la Comisión Primera de la Cámara deberá darle el tercero de ocho debates reglamentarios antes del jueves, ya que de no ser así, la iniciativa corre el peligro de hundirse.
Por ser reforma constitucional, cuatro de sus ocho debates deben surtirse antes del 16 de diciembre, cuando finaliza la primera parte de la actual legislatura.
Por ello, y tras una reunión de cinco horas en la tarde del lunes y otra con el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, 11 de los 12 ponentes tienen previsto radicar la ponencia este martes, para que la célula legislativa pueda anunciar la discusión de la enmienda, y esta pueda ser debatida y votada entre martes y miércoles.
Alfonso Prada, del Partido Verde, le dijo a ELTIEMPO.COM que no firmará el texto, y, tras permanecer unos minutos en el despacho de Esguerra, decidió separarse del proceso y anunció su oposición a la iniciativa.
"Es un proyecto vergonzoso y sin norte (...) Una reforma de la justicia se justifica en la medida en que acerque la administración de justicia a los ciudadanos, y en este caso eso no ocurre", dijo Prada.
No obstante, los restantes ponentes avanzaron en el estudio del texto, en el cual se propondrá la resurrección de la Comisión de Acusación, eliminada en el estudio de la iniciativa en el Senado.
De acuerdo con el representante del Partido Conservador Alfredo Bocanegra, "la idea es no eliminarla y crear una comisión especial, con personas con calidades de magistrados, que se encargue de la etapa de la investigación".
Bocanegra agregó que en el texto se mantendrá el juzgamiento especial para los militares o fuero militar, y que la función de "disciplinar a los funcionarios judiciales, que actualmente reposa en el Consejo Superior de la Judicatura, quedaría en cabeza del Procurador".
La ponencia tendrá, según el congresista tolimense, 26 artículos y será radicada este miércoles.
CONGRESISTAS PROPONEN QUE LOS INVESTIGUE LA FISCALÍA Y DOBLE INSTANCIA
La reforma a la Justicia se discute en el Congreso de la República.
Así lo consignaron en el texto de ponencia de la reforma a la Justicia radicado este martes.
El texto de ponencia de la reforma de la Justicia radicado este martes por la mayoría de los ponentes cambiaría la forma como serían juzgados los legisladores.
La ponencia del proyecto de reforma de la justicia fue radicada a las 11 de la mañana, en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara.
La iniciativa debe superar el tercero de ocho debates esta semana en la célula legislativa, ya que por el estrecho calendario corre el riesgo de hundirse.
El texto fue firmado por la mayoría de los 12 ponentes. Uno de ellos, Alfonso Prada, anunció que debido a desacuerdos con sus colegas, en la tarde de este martes radicará una ponencia alterna.
Uno de los puntos que fueron modificados en la ponencia original con respecto al texto que se aprobó en Senado es la forma como serán juzgados los congresistas.
De acuerdo a lo propuesto, la Fiscalía sería la encargada de la etapa de investigación; el Tribunal Superior de Bogotá sería la primera instancia en el juzgamiento, y la Corte Suprema de Justicia actuaría como la segunda instancia.
El artículo propuesto dice: "La investigación de los delitos que cometan los congresistas, corresponderá en forma privativa a la Fiscalía General de la Nación, al Vicefiscal General de la Nación o a sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, únicas autoridades que podrán solicitar su detención. El juzgamiento de los congresistas corresponderá a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en primera instancia y a la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia. La función de control de garantías será ejercida por la Corte Constitucional".
Resistencia al trámite
En medio de la sesión en la que está previsto que sean escuchadas las posiciones del Gobierno y de los presidentes de la altas cortes, algunos representantes se quejaron de la premura con el que deben debatir y votar la iniciativa.
El representante a la Cámara Humprey Roa, del Partido Conservador, se quejó de la "falta de tiempo para discutir ampliamente el proyecto".
"¿Dónde está la ponencia? ¿En qué Gaceta del Congreso ha sido publicada?", se preguntó el congresista de Boyacá.
Otros de sus colegas, entre ellos Óscar Fernando Bravo (Conservador) y Miguel Gómez ('la U'), expresaron sus dudas sobre qué pasará con las investigaciones que desarrolla actualmente la Corte Suprema sobre algunos de ellos, y si esto los debe llevar a declararse impedidos en el trámite de la iniciativa.
En diciembre del año pasado se aprobó una reforma constitucional para que los congresistas no puedan separarse del trámite de enmiendas a la Carta Política.
Heriberto Sanabria, representante del Partido Conservador y uno de los coordinadores ponentes del proyecto, dijo que "en la sesión de este martes es mucho más importante escuchar la posición del Gobierno, de los magistrados de las cortes y del Defensor del Pueblo y luego, con los elementos que tengamos, abordamos el debate".
A nombre del Gobierno, está previsto que intervengan los ministros de Defensa y de Justicia.
DOS MAGISTRADOS DE LA JUDICATURA, EN LA MIRA DE LA CONTRALORÍA
Nombramientos de magistrados auxiliares pudieron haber generado detrimento patrimonial.
Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar y Julia Emma Garzón tendrán que explicarle a la Contraloría por qué cada uno nombró en su despacho a un familiar del otro. Garzón designó a la hermana de Escobar, y este, a una sobrina de la magistrada.
Aunque el escándalo estalló hace un año, el organismo facultado para investigar esa posible falta -la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes- no ha avanzado en un proceso formal.
Ahora, la Contraloría considera que esos nombramientos pueden haber generado un detrimento patrimonial y por eso inició su propia investigación fiscal.
"Esta situación en particular puede estar en curso de una presunta falta, de connotación disciplinaria, por las prohibiciones que les asisten a los magistrados en el momento de hacer los nombramientos", dice un informe del organismo de control fiscal conocido por ELTIEMPO.COM
Pero no son los únicos cuestionamientos que hace esa entidad. La Contraloría Delegada para el sector de Defensa, Justicia y Seguridad tiene bajo la lupa otros 36 nombramientos realizados por la Judicatura en el 2010.
En ese año, tres despachos de la Disciplinaria nombraron a 24 auxiliares por periodos que iban de uno a cuatro meses. Esto, dice la Contraloría, "genera riesgo de incurrir en un alto costo para el
Estado, toda vez que en los lapsos de vinculación tan breves no se garantiza una gestión en las labores efectuadas por los magistrados auxiliares y, contrario sensu, puede generar derechos pensionales".
Se investiga cuántas de esas personas tramitaron sus pensiones durante sus 'palomazos' en la Judicatura.
El régimen pensional de la Rama Judicial permite que una persona se jubile con el último sueldo, así haya durado en el cargo apenas un mes. Un magistrado auxiliar puede ganar 15 millones de pesos mensuales.
Al revisar los documentos de los nombramientos, la Contraloría General encontró hojas de vida que no acreditan la experiencia profesional de los elegidos (al menos 8 años de ejercicio profesional). Incluso, en algunas carpetas ni siquiera están acreditados los títulos de abogado.
EL ESPECTADOR
SE ESPERA TESTIMONIO DE TESTIGO CLAVE EN EL PROCESO DEL PALACIO DE JUSTICIA
El cabo Édgar Villamizar Espinel ha sido citado en ocho oportunidades para que declare en el proceso que se adelanta contra el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por el delito de desaparición forzada.
Para este miércoles está programado el testimonio del cabo en retiro Édgar Villamizar Espinel en el proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares en el proceso que se les adelanta por el delito de desaparición forzada en los hechos enmarcados durante la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En la diligencia judicial pasada, la Fiscalía solicitó al juez 55 penal de Bogotá que se le diera la orden a la Policía para que conduzca a Villamizar Espinel a la diligencia judicial, puesto que no ha respondido a las citaciones hechas por el juzgado en siete oportunidades.
Villamizar es considerado uno de los principales testigos en los procesos que se adelantan por la presunta responsabilidad de un grupo militares que participaron en las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en actos de tortura y posterior desaparición de 11 personas a las que se habría acusado de pertenecer al M-19.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los defensores de los militares acusados y la misma Procuraduría,han puesto en duda a este testigo, señalando que “fue suplantado” para que su testimonio involucrara a los comandantes de la operación con la desaparición de ocho empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Según la Fiscalía, Sánchez Rubiano tuvo la responsabilidad en las operaciones de retoma de adelantar labores de inteligencia, entre la cuales estaban las de identificar a los rehenes que eran trasladados del Palacio de Justicia a la Casa del Florero.
Como el oficial en retiro, también enfrentan el juicio los sargentos (r) Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, quienes fungieron como subordinados de Sánchez en la retoma del Palacio.
Pese a que el comandante del B-2 fue el primero en ser capturado por estos hechos, se encuentra actualmente en libertad por vencimiento de términos.
EL NUEVO SIGLO
TAMBALEA REFORMA A LA JUSTICIA
Un primer revés sufrió el controvertido proyecto de reforma a la justicia en la antesala de su tercer debate en la Cámara, por cuenta de un desacuerdo entre algunos de los ponentes de la iniciativa, un día antes que se vote en la Comisión Primera de esa corporación legislativa.
Ayer, cuando fue radicada la ponencia en la secretaría de la comisión, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, decidió no firmar la ponencia mayoritaria, argumentando su desacuerdo con el texto puesto a consideración en tercer debate, y anunció la presentación de una ponencia alternativa que incluirá, entre otros aspectos, la eliminación total del Consejo Superior de la Judicatura.
Ayer, en la Comisión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, propuso como garantía en la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, que sea la Corte Constitucional el juez de control de garantías. Según la ponencia, el Tribunal Superior de Bogotá sería el investigador y acusador de los aforados, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema el juzgador.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Tarquino, calificó de inoportuna la propuesta, toda vez que los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos en el Congreso.
“Imagínense que si va ser el juez de garantías, eventualmente frente a una tutela, ellos tendrían que declararse impedidos también, y entonces se formaría un asunto no fácil de solucionarse. Ustedes nombran a los magistrados de la Corte Constitucional, que va ser su juez de garantías”, señaló el magistrado.
El presidente de la Corte le pidió a los representantes a la Cámara garantizarles a los magistrados el derecho a la doble instancia: “Será que nosotros tampoco tenemos derechos a la doble instancia?, pues claro que sí. Resulta que al magistrado de tribunal, disciplinariamente, es juzgado también en única instancia por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Si vamos a hablar de garantías, entonces que sean para todo el mundo”.
CARACOL RADIO
NUEVA REGLAMENTACIÓN NO SIGNIFICA QUE NO SE PUEDAN HACER REDADAS DEL EJÉRCITO: CORTE
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, explicó que la nueva reglamentación de las redadas del Ejército para el reclutamiento de jóvenes sólo cobija a los jóvenes de 17 y 18 años y no a los llamados ‘remisos’.
Señaló que los menores tienen que inscribirse ante el Ejército para solicitar el aplazamiento o la exención y sino se les llamará la atención.
“A este pelao de 17 año no lo pueden detener injustificadamente, lo que tiene que hacer le Ejército es cogerlo y decirle que se tiene que inscribir, no es que lo cojan y lo tengan guardado cinco días mientras se define su situación”, indicó.
Señaló que los mayores de 18 años y que no han solucionado su situación militar sí pueden ser retenidos por las autoridades en las redadas.
PROPONEN TRIBUNAL ESPECIAL PARA JUZGAR A ALTOS FUNCIONARIOS
Surgió una nueva propuesta dentro de la Reforma a la Justicia para investigar a altos funcionarios del Estado en reemplazo de la comisión de Acusación de las Cámara: la creación de un tribunal especial de investigación.
Dicho tribunal estaría compuesto por nueve magistrados que indagaría en materia penal y disciplinaria a funcionarios como los magistrados de las altas cortes, el vicepresidente de la República, el Fiscal, el Contralor y el Procurador, al Defensor del Pueblo y a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Dicho tribunal sería elegido así: tres por las altas cortes, tres por el gobierno y tres postulados por el Congreso en pleno, y sería el encargado de juzgar en primera instancia. La segunda estaría a cargo de la Corte Constitucional.
La comisión de investigación y acusación de la Cámara de representantes continuaría sus funciones exclusivamente para investigar al Presidente de la República o quien haga sus veces, en juicios políticos, que debería llevar ante el Senado.
La nueva propuesta, socializada anoche en reunión de ponentes con el gobierno, se estudiará hoy en la discusión en tercer debate de la reforma a la justicia en la comisión primera de la Cámara.
CORTE CONSTITUCIONAL DICE QUE NO TIENE TÉRMINO PARA DECIDIR SOBRE LICITACIÓN DE BASURAS
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, dijo que lo más posible es que la decisión sobre la licitación de basuras en Bogotá se tomará antes de finalizar este año, aunque no comprometió con la fecha.
Dijo que la Corte no tiene término para tomar esa decisión y que la demora se debe a que el proceso tiene 4.200 folios y han intervenido en múltiples ocasiones los recicladores.
Ante las críticas porque la demora ha causado caos en el servicio, dijo que le muestren cuáles son los problemas causados.